Actualmente, todo producto que compramos en España tiene dos años de garantía. Además, los fabricantes están obligados a ofrecer piezas para repararlos durante los cinco años posteriores a la fecha en la que el producto deja de fabricarse. Sin embargo, ahora ambas fechas van a aumentar, con una garantía que durará aún más que antes.
El Gobierno de España, acaba de aprobar una modificación en la ley de consumidores respecto a la garantía de los productos. De los dos años obligatorios actuales se pasará a una garantía legal de tres años. Además, igualmente ha resuelto ampliar el tiempo mínimo que deberán facilitar los fabricantes a nivel de reparación. De los cinco años actuales, las piezas tendrán que estar disponibles por lo menos 10 años desde que el producto deje de fabricarse.
El aumento a 10 años de la disponibilidad de las piezas de repuesto fomentará que los aparatos duren más, fomentando la lucha contra la obsolescencia programada y el impacto que tiene, por ejemplo, desechar un electrodoméstico. En el caso de que las empresas no respeten la ley y nieguen la reparación a sus clientes o no dispongan de las piezas para la reparación, la OCU pide que haya sanciones.
La nueva medida está recogida en un Real Decreto-ley ómnibus. También incluirá nuevos derechos y garantías para los usuarios ante el auge del comercio online, en línea con lo propuesto por la Unión Europea, que a finales de noviembre aprobaba el denominado ‘derecho a reparar‘.
Cambios sobre los contenidos y servicios digitales
La nueva normativa también aplicará por primera vez sobre los contenidos y servicios digitales, que deberán ofrecer al menos dos años de garantía. Unos contenidos que «no cuestan dinero al consumidor, sino que se obtienen a cambio de sus datos personales», según los describe el Ministerio de Consumo. Entre los productos recogidos se incluyen «programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, audio y música, juegos digitales, libros electrónicos u otras publicaciones electrónicas».
La durabilidad de un producto se determina con un punto de vista objetivo. Cuando un producto no tenga la durabilidad pactada en contrato, el cliente tendrá derecho a elegir entre la reparación o la sustitución del mismo.
Más medidas para proteger a los consumidores
Otro aumento de plazo es el de prescripción para ejercer los derechos de no conformidad, que pasarán de tres a cinco años. También aumenta el plazo de prueba para acreditar esa falta de conformidad, que pasará de seis meses a uno o dos años. Con ello, el usuario sólo tendrá que demostrar que el bien o el servicio no funciona conforme a lo acordado, sin necesidad de que haya que demostrar la falta de conformidad en el momento de la entrega. En el caso de que el empresario quiera oponerse a la reclamación del consumidor, tendrá que demostrar que la falta de conformidad no existía en ese momento.
En adición, las garantías comerciales que se incluyen en la publicidad prevalecerán a las de la declaración de garantía legal si son más beneficiosas para el consumidor.
Por ahora, no se conoce cuándo entrará en vigencia. Habrá que esperar a su publicación en el BOE para conocer los detalles restantes de esta nueva normativa que supone una amplia mejora de los derechos de los consumidores al comprar nuevos productos.
